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El manejo de la agenda mediática: quién y cómo se opera en Colombia
En Colombia existen tres grandes grupos mediáticos que manejan la mayor parte de la agenda informativa del país. Sus propietarios son: Luis Carlos Sarmiento, dueño del grupo El Tiempo y CityTV; Carlos Ardila Lulle, titular del canal radial y televisivo RCN, y el grupo empresarial de la familia Santo Domingo que poseen el periódico El Espectador y Canal Caracol. En este escenario oligopólico, la agenda mediática y sus discursos, así como la política informativa, están muy alejados de los derechos fundamentales a la comunicación y la información. Lo que, además de limitar y condicionar las fuentes informativas, dificulta la presencia de otros medios alterativos en el panorama comunicativo, reduce otras propuestas mediáticas y hace que la ciudadanía no cuente con acceso a otras alternativas para obtener una información veraz y precisa. En el país andino la concentración mediática y su propuesta de difusión depende, en primera instancia, de las agendas mediáticas y éstas obedecen al interés de los propietarios de los medios masivos de comunicación. Colombia cuenta con grandes conglomerados mediáticos que no solamente están en el centro, sino que son el centro de todo lo informativo que se da en el país. Esas entidades nutren la in-formación que se conoce en el país al aportar cerca del 60 % de los contenidos de la “realidad” que acontece y se difunde entre la sociedad colombiana en prensa, radio, televisión o internet. Este documento pretende reflexionar, en una situación informativa tan concentrada y desigual como la colombiana, alrededor de las preguntas ¿Cuál es el espacio para la libertad de expresión?, ¿dónde está el derecho a la información? y ¿cómo conseguir el tan ansiado y lejano derecho a la comunicación? El trabajo culmina haciendo hincapié en la importancia que tienen para las ciudadanías actuales el poder ver, escuchar, leer y escribir desde otras voces mediáticas, con el fin de que el posicionamiento discursivo sea construido desde la libertad que ofrece el derecho fundamental a la comunicación.