El mundo académico debe defender a los medios de comunicación públicos

El mundo académico debe defender a los medios de comunicación públicos

Se propone una reflexión sobre la especial trascendencia que tiene en la actualidad la defensa de los medios de comunicación públicos para el futuro académico y profesional de la comunicación. Tras exponer el señalamiento al que están sometidos los medios públicos y las iniciativas europeas para defender su independencia del poder político, los autores describen la situación creada en À Punt y las acciones legales que han emprendido para denunciar el actual modelo de gobernanza, por el incumplimiento de la EMFA. Esta tribuna abierta finaliza con una apelación al conjunto de la comunidad científica de la AE-IC para el desarrollo de iniciativas dirigidas a la protección de los medios públicos, siguiendo las enseñanzas de Bustamante y Zallo, entre otros.

1.- La crisis de los medios públicos: un problema no sólo español, también internacional

Más de medio siglo después de la muerte del dictador, seguimos sin poder contar en España con un sistema mediático equilibrado en el que los medios de comunicación públicos sean independientes de los gobiernos y cambios políticos de turno, tanto a escala local como autonómica o estatal. En efecto, en estos últimos años hemos podido constatar cómo cada vez que se produce un cambio de gobierno, se suceden modificaciones legislativas en las leyes de creación de las radiotelevisiones públicas, con el consiguiente reemplazo de miembros de los consejos de administración y de la presidencia de las corporaciones de medios. De este modo, hemos sido testigos en esta última legislatura, entre 2023 y 2026, de recambios notables en la radiotelevisión de las Islas Baleares –IB3–, en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión –CARTV–, en la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia –CSAG–, en la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana –CACVSA– o en la propia Corporación RTVE, la radiotelevisión pública estatal. Probablemente, las corporaciones que tienen una gobernanza más estable son EiTB y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals –3cat–, donde los miembros de los consejos de administración y las presidencias de las corporaciones suelen agotar sus mandatos. Sin duda, estos cambios en los equipos directivos de los medios de comunicación públicos contribuyen a deteriorar, de forma muy preocupante, su propia reputación ante el conjunto de una perpleja ciudadanía que sostiene con sus impuestos a los medios públicos. De este modo, la imagen negativa de las corporaciones públicas de medios se está viendo incrementada por un contexto de profunda polarización política, de circulación de bulos y mentiras sobre los medios públicos y de absoluta desinformación sobre la naturaleza del ecosistema de medios, favorecida por la palmaria ausencia de educación mediática en nuestro país. En realidad, este fenómeno no se circunscribe solamente al ámbito español; por el contrario, se trata de una tendencia internacional, impulsada por el tecnoliberalismo y las fuerzas extremistas de ultraderecha que reclaman la privatización e, incluso, la desaparición de los medios públicos, en nombre de la libertad de expresión.

En Europa se detecta con claridad la expansión de estos discursos contra los medios de comunicación públicos. En la última década, la ultraderecha británica, con Nick Farage a la cabeza, ha incluido en su programa electoral que la BBC deje de ser una “institución nacional protegida”, para que se elimine el pago del canon para financiar a los medios públicos británicos, mientras se está empezando a debatir la renovación de la “BBC Royal Charter”, que establece la misión, los objetivos y el marco de gobernanza de los medios de servicio público para la próxima década. En Francia, el partido de extrema derecha Rassemblement National (RN) ha propuesto la privatización de la mayor parte de los medios públicos franceses, por considerarlos partidistas y un gasto excesivo para las arcas públicas. En términos casi idénticos, Alternativa para Alemania mantiene una postura firme y sostenida para reformar los medios públicos alemanes (ARD, ZDF y Deutschlandradio), que consideran “doctrinarios” y un “despilfarro”. En Italia, la primera ministra ha promovido una reforma de los medios públicos (RAI) para convertirlos en eficaces instrumentos de propaganda gubernamental. Algo similar sucedió en Hungría, donde el primer ministro Orban ha conseguido consolidar un control férreo sobre los medios públicos y privados del país, a través de la red Kesma, que gestiona más de 500 medios para la difusión de propaganda y desinformación.

Probablemente, Estados Unidos es el país donde mejor se puede observar la operación más rápida y profunda de control de los medios públicos que se haya realizado en los últimos años. Pocas semanas después de tomar posesión de la presidencia del país, Trump ordenó el desmantelamiento de las funciones “no estatutarias” de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), una agencia independiente del gobierno estadounidense que supervisa la transmisión de noticias e información a más de 350 millones de personas, a través de las redes Voice of America, Radio Free Europe o Radio Free Asia, lo que ha supuesto el despido de miles de trabajadores. En julio de 2025, el gobierno de Trump redujo drásticamente el presupuesto de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), un ente independiente que desde 1967 canalizaba los fondos federales para financiar las televisiones y radios públicas de todos el país, que en enero de 2026 ha llevado al cierre de más de 1.500 emisoras de radio. Cabe recordar que estas televisiones y radios públicas ofrecen información de proximidad, contenidos educativos, alertas climatológicas, contenidos de servicio público, etc., que han dado trabajo a miles de comunicadores durante décadas, empleos que se están destruyendo muy rápidamente.

En España, hemos asistido en los últimos años a una creciente polarización política, a la que ha contribuido también la progresiva instrumentalización de los medios públicos por parte de los gobiernos locales, autonómicos y estatal. Formaciones políticas como el Partido Popular o Vox han llegado a cuestionar el papel de los medios públicos que, en el caso de Vox, ha llevado a incluir en su programa electoral el cierre de los medios públicos. Por el momento, estos anuncios se han quedado en amenazas al descubrir los beneficios que conlleva el control político de los medios públicos cuando se ha llegado al poder. Y es que este tipo de medidas populistas resultan muy eficaces y atractivas en los procesos electorales, cuando una parte importante de la ciudadanía está muy desinformada, y acostumbrada a reaccionar emocionalmente en los debates sobre el papel de los medios públicos. Recordemos, en este sentido, que los gobiernos ultraliberales, neoliberales o tecnoliberales apuestan por el ajuste presupuestario de los medios públicos (o por su eliminación), como una forma de combatir la idea de que éstos son una infraestructura esencial en todo sistema democrático, donde el derecho a la información es uno de sus pilares más esenciales.

2.- Iniciativas europeas para romper con la politización de los medios públicos

La Comisión y el Parlamento Europeos llevan varias décadas estudiando el fenómeno de la desinformación, así como aprobando recomendaciones y directrices para combatirla y para promover la alfabetización mediática. Entre las medidas más importantes de los últimos años el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, también conocido como EMFA (por sus siglas en inglés European Media Freedom Act), fue aprobado definitivamente por el Parlamento Europeo el 13 de marzo de 2024 con el apoyo de una mayoría cualificada del Parlamento Europeo, con los votos del Partido Popular Europeo y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, entre otras formaciones. Este Reglamento Europeo establece medidas para salvaguardar la independencia editorial y la protección del trabajo de los periodistas; exige una mayor transparencia en la propiedad de los medios de comunicación, en la asignación de la publicidad institucional y en la gobernanza de los medios públicos y privados; incorpora algunas disposiciones específicas sobre la divulgación de contenidos generados por Inteligencia Artificial; y promueve el derecho de los usuarios para tener un mayor control de los contenidos que consume. Y subrayamos el énfasis que la EMFA pone en la gobernanza de los medios de comunicación públicos, en tanto que se considera que el/la directora/a o presidente/a de las corporaciones y los miembros de los consejos de administración no pueden ver interrumpidos sus mandatos por cambios políticos, y deben agotar sus mandatos.

Y es que se constata, en efecto, que uno de los problemas más graves que amenaza la supervivencia de los medios de comunicación públicos en la actualidad es su falta de independencia del poder político. En este sentido, es conveniente la sentencia ejemplar sobre el caso Brender que dictó el Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania el 25 de marzo de 2014, un precedente que apunta en la dirección de la despolitización de los medios públicos que el Reglamento Europeo ahora se propone impulsar para toda la Unión Europea. Nicolás Brender, redactor jefe de los informativos de la cadena pública ZDF, fue cesado por su consejo de administración, después de denunciar que el Consejo de Radiodifusión había sido copado por la formación política democristiana CDU. Ante estos hechos, los gobiernos regionales de Hamburgo y Renania, en manos de los socialdemócratas, denunciaron esta situación ante el Tribunal Constitucional Federal Alemán. La sentencia proclamada por este tribunal señaló que la televisión pública no puede ser un organismo estatal ni de partido, y adviertió sobre cómo el pluralismo social garantizado jurídicamente se convierte en la práctica en una manifestación más de la partitocracia, y que es necesario limitar el peso de la esfera política. De este modo, la sentencia de la justicia alemana ha reducido a un tercio la presencia de representantes de los partidos políticos en los consejos de administración, dejando así más espacio a los profesionales de la comunicación.

3.- El caso de À Punt, los medios públicos valencianos amenazados

En la Comunidad Valenciana, el cambio de gobierno autonómico de 2023 derivó en la aprobación de la Ley 2/2024 de 27 de junio de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana S.A. (CACVSA). Se trata de una ley tramitada con mucha precipitación, sin apenas debate parlamentario y sin la participación de expertos y profesionales; una clara involución respecto a la Ley 6/2016, de creación de los medios de comunicación públicos valencianos. La nueva Ley 2/2024 se aprobó varios meses después de la aprobación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), con el apoyo de una amplia mayoría cualificada del Parlamento Europeo.

Es necesario recordar que la creación de À Punt se produjo tras casi cuatro años tras el cierre de RTVV, llevado a cabo el 29 de noviembre de 2013 por el gobierno del Partido Popular, durante la presidencia de Alberto Fabra, un caso sin precedentes a escala mundial (junto a la RTV pública griega, ERT, cerrada durante un año). La recuperación de los medios públicos valencianos sólo pudo realizarse tras años de trabajo titánico para liquidar la antigua empresa y poner orden en el sector audiovisual valenciano, que estuvo a punto de su extinción. La nueva Ley 2/2024 constituye un claro retroceso democrático ya que ha puesto punto final a un modelo de gobernanza que apostó durante ocho años (2017-2024) por la transparencia y la independencia en la gestión.

En el nuevo modelo de 2024, se ha eliminado el Consejo de la Ciudadanía, un órgano que permitió introducir la representación y la participación social en los medios públicos valencianos; en el nuevo Consejo de Administración se ha eliminado a los representantes del Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana, de los trabajadores y de las trabajadoras de À Punt, y también del citado Consejo de la Ciudadanía; finalmente, los actuales ocho miembros del Consejo de Administración han sido designados directamente por el gobierno de la Generalitat Valenciana (con la renuncia –errónea– de la oposición a nombrar a sus representantes), sin ser necesaria su comparecencia ante las Cortes Valencianas para defender sus trayectorias profesionales. Por otra parte, el actual Consejo de Informativos sigue un nuevo reglamento que no garantiza la independencia, la veracidad y la objetividad de los contenidos informativos, como han denunciado los/as trabajadores/as de À Punt. También se siguen produciendo denuncias de graves acciones como la drástica reducción del uso del valenciano como lengua vehicular de los medios públicos de la Comunidad Valenciana, la opaca gestión de la ventanilla única para la recepción de proyectos de producción audiovisual; la drástica reducción del Servicio de Documentación de À Punt, la memoria audiovisual de la ciudadanía valenciana; el despido arbitrario de trabajadores/as de la corporación; entre otras medidas. En definitiva, el modelo de gobernanza de la nueva À Punt se puede inscribir, de forma ejemplar, en el modelo pluralista polarizado, característico de los países mediterráneos del sur de Europa, siguiendo a Hallin y Mancini (2012).

Los firmantes de esta Tribuna Abierta de la AE-IC hemos denunciado a la presidencia de la Generalitat Valenciana ante los tribunales competentes porque la legislación europea no admite el acortamiento mecánico de los mandatos de las responsabilidades en los medios de comunicación públicos, que debía ser de seis años, según la Ley de Creación 6/2016. Nuestra principal motivación no es otra que defender la profesionalidad de los trabajadores de la cadena y reclamar la pluralidad de los medios de comunicación públicos valencianos.

4.- Hay que reivindicar el papel de los medios públicos

En el mundo académico somos muy conscientes de que la desinformación en materia de comunicación alcanza niveles nunca vistos, sin duda porque las redes sociales son la principal fuente de información –no contrastada– de la ciudadanía, incluso de nuestros propios estudiantes de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad. Desde esta tribuna, queremos subrayar que el mundo académico no puede permanecer en silencio ante este escenario. Porque la única forma de combatir la desinformación es con información de calidad y, ahora mismo, es más urgente que nunca que la institución universitaria tome un papel más activo en la defensa de los medios de comunicación públicos.

Numerosos expertos en estructura y economía política de la comunicación, de referencia en nuestro campo científico, como Bustamante (2015), Zallo (2015), Moragas (2000), Prado (2015), Campos (2015) o Franquet (2025), entre otros, llevan décadas subrayando la relevancia de los medios públicos en el sistema mediático, y la necesidad de reivindicar una nueva gobernanza, esencial para el desarrollo de las industrias culturales y creativas de sus territorios, absolutamente insustituibles por la iniciativa privada. Porque los medios de comunicación públicos poseen, sobre todo, una incuestionable rentabilidad económica, social y cultural, acreditada por numerosos estudios científicos desde hace décadas.

Somos conscientes de que este trabajo no lo podemos hacer solos desde las universidades: se necesita la colaboración de los/as integrantes de los consejos de administración y directores/as de los medios públicos, afectados/as por las destituciones sufridas por tratarse de vulneraciones de la EMFA; el trabajo de los/as representantes políticos/as, que han de controlar a los gobiernos regionales o estatales que realizan estos abusos; y también es imprescindible la colaboración de los/as profesionales del periodismo, del sector audiovisual, de la comunicación publicitaria y corporativa, etc., de las empresas públicas, de las empresas privadas y de las asociaciones profesionales, para exigir una mayor transparencia e independencia de los medios públicos, puesto que son motores clave de las industrias culturales y creativas, de las que forman parte.

Creemos que la gravedad de la situación actual de los medios públicos es tal que hoy es más necesario que nunca promover una auténtica movilización, no sólo entre nuestros estudiantes sino también entre la ciudadanía, para reivindicar su papel fundamental para la supervivencia de nuestra democracia y del proyecto europeo que nos une a todos.

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Referencias

• Bustamante Ramírez, Enrique (2015). El servicio público en España: Manual de malas prácticas. En: Marzal Felici, J., Izquierdo Castillo, J., Casero Ripollés, A. (eds.) (2015), La crisis de la TV pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza. Colección Aldea Global. Bellaterra, Barcelona, Castellón y Valencia: UAB, UPF, UJI y UV, 18-32. https://roderic.uv.es/items/a9da6054-6c55-41de-8a31-51650702af72
• Campos Freire, Francisco (2015). Financiación e indicadores de gobernanza de la radiotelevisión pública en Europa. En: Marzal Felici, J., Izquierdo Castillo, J., Casero Ripollés, A. (eds.) (2015), La crisis de la TV pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza. Colección Aldea Global. Bellaterra, Barcelona, Castellón y Valencia: UAB, UPF, UJI y UV, 85-101. https://roderic.uv.es/items/a9da6054-6c55-41de-8a31-51650702af72
• Franquet, Rosa (2025). Franquet, R. (2025, 30 de mayo). La comunicación y la investigación independiente un bien escaso en estos tiempos de incertidumbre. ¿El nuevo desorden mundial de la comunicación contra la democracia? En Boletín Mensual de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (45). https://doi.org/10.5281/zenodo.15538774
• Hallin, Daniel C. y Mancini, Paolo (2012). Comparing Media Systems Beyond the Western World. Cambridge: Cambridge University Press.
• Moragas, Miguel de (2000). La televisió pública a l’era digital. Barcelona: Pòrtic / Centre d’Investigació de la Comunicació. https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2000/111026/trecom_a2000m12n13-14p81.pdf
• Prado i Picó, Emili (2015). Indispensabilidad de la televisión pública en el universo convergente. En: Marzal Felici, J., Izquierdo Castillo, J., Casero Ripollés, A. (eds.) (2015), La crisis de la TV pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza. Colección Aldea Global. Bellaterra, Barcelona, Castellón y Valencia: UAB, UPF, UJI y UV, 85-101. https://roderic.uv.es/items/a9da6054-6c55-41de-8a31-51650702af72
• Zallo, Ramón (2015). Razones e implicaciones del cierre de Radiotelevisió Valenciana: Pensar el futuro. En: Marzal Felici, J., Izquierdo Castillo, J., Casero Ripollés, A. (eds.) (2015), La crisis de la TV pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza. Colección Aldea Global. Bellaterra, Barcelona, Castellón y Valencia: UAB, UPF, UJI y UV, 85-101. https://roderic.uv.es/items/a9da6054-6c55-41de-8a31-51650702af72