La Cultura, cuarto pilar del desarrollo sostenible
Por Patricia Corredor Lanas, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, delegada de la Junta Directiva de AE-IC para el área de Cultura.
TRIBUNA ABIERTA
A Enrique Bustamante, compañero de vida y maestro, que luchó por la democratización de la cultura y la comunicación hasta el final de sus fuerzas.
Cómo citar: Corredor, P. (2024, 27 de diciembre). La cultura, cuarto pilar del desarrollo sostenible. En Boletín Mensual de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación. https://doi.org/10.5281/zenodo.14560119
El anuncio por parte del Gobierno de que España acogerá en Barcelona la próxima Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult 2025), que reunirá a los 194 Estados Miembros de la UNESCO, con el propósito de avanzar en la creación de una agenda mundial para la cultura, es sin duda una buena noticia que invita a la reflexión. En primer término, porque deberá servir para restañar antiguos agravios con el estatuto de la cultura en el seno de la Agenda 2030, al promover la concepción de la cultura como “bien público global” y la creación de un objetivo (ODS) específico para la cultura en los marcos de desarrollo sostenible post-2030. Pero, también, porque España retoma así el testigo de otros países, como México, en la organización de una gran cumbre internacional a través de su Ministerio de Cultura, un órgano reinstaurado durante el primer gobierno presidido por Pedro Sánchez, tras dos legislaturas del Partido Popular en las que la cultura fue sistemáticamente preterida y subsumida en una Secretaría de Estado, lo que da cuenta del mayor compromiso de las políticas públicas actuales con este área vital para la democracia, los derechos y libertades fundamentales y nuestro estado de bienestar. Por último, plantea una tercera reflexión de alcance para nuestras Facultades de Comunicación, que parecen estar declinando en el diagnóstico y las propuestas de actuación concretas en materia de cultura, en un desencuentro histórico que privilegia la investigación de la comunicación olvidando sus vínculos con la cultura (en la que se integra de manera genuina).
Es preciso recordar que las expectativas de afianzar el papel de la cultura como gozne fundamental del desarrollo sostenible en el marco de la anunciada como «amplia y ambiciosa nueva agenda universal» se vieron en parte frustradas con la aprobación del documento final «Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». El objetivo del documento aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, en 2015, era configurar un marco de acción universal, con un horizonte de quince años, para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. A pesar del trabajo sostenido de las agencias de cooperación y los organizamos multilaterales desde principios del milenio, ninguno de los 17 objetivos (ODS) ni de las 169 metas de la Agenda 2030 están dedicados de forma específica a la dimensión cultural, lo que ha provocado una oleada de protestas que reprochan a la ONU no adoptar «el potencial completo de la cultura para el desarrollo», renunciando de esta forma a situarla en la misma trayectoria que las dimensiones económica, social y medioambiental, como demandaba el manifiesto de ocho redes en representación de la «comunidad mundial de la cultura». Ciertamente, se puede alegar que la cultura aparece de manera transversal en diferentes apartados del texto. De manera explícita, se cita en el punto 36 de la Declaración:
«Nos comprometemos a fomentar el entendimiento entre distintas culturas, la tolerancia, el respeto mutuo y los valores éticos de la ciudadanía mundial y la responsabilidad compartida. Reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo, y también que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible y desempeñan un papel crucial en su facilitación» (ONU, 2015).
Pero lo cierto es que el resto de referencias a la cultura son limitadas y fragmentadas. Así, sólo se recoge de forma expresa en el Objetivo 4, referido a la educación (según «la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible») o en el Objetivo 11 (redoblar esfuerzos para proteger y salvaguardar «el patrimonio nacional y cultural del mundo»).
Las reivindicaciones desde entonces no han cesado en un esfuerzo colectivo que no desiste en su empeño de incorporar el enfoque cultural (“la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible”) a la agenda mundial, objetivo prioritario en Mondiacult 2025, que acogerá la presentación del primer ”Informe Mundial sobre el Estado de la Cultura”, fruto de tres años de trabajo y una consulta amplia en la que participan los Estados Miembros, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado. Además, la Conferencia servirá de marco de reflexión y debate sobre grandes preocupaciones de la cultura: los derechos culturales, la transición digital, la integración de la cultura en la educación, la economía de la cultura, las dimensiones culturales del cambio climático, el tráfico y la destrucción de los bienes culturales (el patrimonio en crisis), la inteligencia artificial y la cultura de paz.
España en Mondiacult 2025
Sobre las huellas todavía visibles del duro impacto sobre la cultura de las crisis sucesivas y las políticas de austeridad, España avanza hacia el horizonte de Mondiacult 2025 con una visión ciertamente más optimista, inverosímil hace tan solo unos años. Tras un período negro, devastador, que intelectuales como Enrique Bustamante caracterizaron como “una década perdida para la cultura en España”, la situación actual refleja un balance difícil pero positivo, en un ambiente que sugiere una mejora apreciable de la confianza ante la recuperación de las cifras económicas previas a la pandemia en los sectores culturales, pero también ante síntomas inequívocos de una voluntad política diferente, como la reposición del Ministerio de Cultura (con la consiguiente creación de una secretaría de Estado y la oficina de derechos culturales), la reinstauración del IVA cultural reducido en las principales actividades culturales, el incremento de los presupuestos y la implementación planes para la recuperación cultural (Fondos Next Generation UE de apoyo a la transformación digital de las industrias culturales y creativas) o el Plan de reconstrucción cultural de las zonas afectadas por la DANA en Valencia), la unanimidad del parlamento en el apoyo a los derechos de los creadores, la Ley de enseñanzas artísticas, el primer Plan de igualdad en la cultura o el Plan de derechos culturales (todavía en elaboración), entre otras medidas en una incesante agenda pública cultural.
Del reconocimiento de la cultura como sector económico estratégico dan cuenta las estadísticas ofrecidas por el Ministerio, que revelan que los distintos sectores culturales generaron el 2,2 por ciento del PIB español en 2022 (un 3,3 con el sector creativo), dando empleo a 723.000 personas (3,4% del empleo total) a través de 133.000 empresas (3,9 sobre el total), con un gasto de los hogares en cultura de 11.356 millones de euros (242 euros por persona) y un comercio exterior cifrado en 2.251 millones de euros. Los incrementos interanuales que evidencian estos y otros indicadores mejoran el estado de la cultura en casi todos sus parámetros respecto de años anteriores, pero quedan opacados por las debilidades y los desafíos que enfrenta la cultura en España y que están lastrando su desarrollo pleno.
Estas dificultades empiezan por la falta de consenso (a veces, desprecio) entre las diferentes fuerzas políticas respecto del valor de la cultura: su cara económica, su valor estratégico de crecimiento y empleo, y su cara ideológica como fuente primordial de los valores compartidos de nuestra sociedad en tanto que plataforma vital para la redistribución social, para la participación democrática. La ausencia de un pacto de Estado (al menos, un gran pacto social), ampliamente demandado por los agentes culturales, está en la base de las políticas culturales descoordinadas entre administraciones, con avances y retrocesos, que no han conseguido arraigar en la ciudadanía, y de un apoyo insuficiente a la cultura (0,7% del presupuesto conjunto de las dimensiones del Estado en 2022, según Eurostat), que no compensa el hundimiento de los presupuestos durante los años de la Gran Recesión.
Estas omisiones y contradicciones de las políticas públicas y la propia lógica mercantil en la dinámica de los principales sectores de la cultura clásica y de las industrias culturales y creativas en España, acarrean fuertes consecuencias prácticas, que tienen su traducción en asimetrías de todo tipo: desigualdades en la creación y el consumo cultural, desigualdades por clase social, desigualdades por género, desigualdades por territorios, desigualdades por sectores culturales, brecha digital, etc. Especialmente grave resulta la incapacidad de nuestro sistema cultural para garantizar la remuneración justa de los creadores, centro nuclear de las actividades culturales y su diversidad creativa, porque su pluralismo ideológico y su grado de innovación se consideran con gran consenso como los valores básicos de un país o región, junto al consumo de los ciudadanos y su capacidad de elección, sobre todo ante las incertidumbres del nuevo escenario impulsado por la inteligencia artificial generativa. Al igual que la discriminación de género, porque afecta cuando menos a la mitad de la población: si las mujeres no pueden expresarse libremente, ni participar en la vida cultural de la comunidad, ni disfrutar del arte ni crearlo, la diversidad no es posible. Pero también las recientes injerencias políticas contra la autonomía de la cultura (actos de censura, cancelaciones, destituciones, etc.) que penalizan el avance de la libertad plena para imaginar, crear y difundir expresiones culturales diversas sin censura gubernamental y sin presiones de personas o entidades no estatales.
Estas inequidades ponen duramente en cuestión el derecho fundamental, reconocido en la Constitución, a: «expresar y difundir los pensamientos, ideas u opiniones» y «producción y creación literaria, artística, científica y técnica» (art. 20.1 de la Constitución) y atentan contra la diversidad cultural: «un patrimonio común de la humanidad, vital para el desarrollo de los pueblos, los intercambios y las relaciones» (UNESCO). No se trata, sin embargo, de una problemática particular ni coyuntural de España. A pesar de los avances en la doctrina y jurisprudencia internacional, UNESCO viene denunciando desde hace años la precariedad de los trabajadores culturales, las asimetrías en el acceso y consumo cultural o las violaciones de la libertad de creación artística, en todos los continentes. En un contexto complejo, caracterizado por los grandes desafíos contemporáneos, las crisis sucesivas, las consecuencias del cambio climático, los conflictos armados, las pandemias, los modelos de desarrollo insostenibles, el aumento de la pobreza, el retroceso de los derechos fundamentales, las diásporas o la brecha digital, la consideración de la cultura como como cuarto pilar del desarrollo sostenible es un asunto urgente e ineludible. Y nuestras Facultades de Comunicación están llamadas a desempeñar un importante papel en esta conquista.