¿Las plataformas son las nuevas instituciones?

Introducción

El vértigo de los aranceles estadounidenses con cifras dispares q  ue pueden oscilar entre 10 por ciento a México y Canadá o 135 por ciento a China, en ciertos casos se suspenden, luego se aumentan para algunos, cambian los modos de argumentarlos, darlos a conocer y rectificarlos, escapan a las lógicas conocidas que articulan economía, política y comunicación. La Unión Europea aplica un arancel promedio a los productos estadounidenses de menos del 3 por ciento, dice Paul Krugman. «¿De dónde entonces saca el porcentaje de 39 por ciento? No tengo idea.» (Reforma: 2025).

Se ha mencionado que este juego convulsivo podría ser una estrategia para intimidar. O para imponer una nueva institucionalidad geopolítica en la que el presidente norteamericano reemplace a los organismos mundiales como la ONU y la OMC, y los acuerdos regionales que dañarían a Estados Unidos.

Tal vez ayude analizar esta “lógica” del espasmo desde el reordenamiento de los procesos comunicacionales: a) el fortalecimiento de las plataformas digitales como hegemónicas entre todas las industrias de la comunicación; b) el autoritarismo de estas plataformas y sus dispositivos para desactivar la ciudadanía y el papel regulador que algunos organismos nacionales han tenido en relación con los medios masivos; c) la incorporación de los dueños de las empresas digitales a los aparatos gubernamentales, pasando de ser influencers a reconfiguradores del orden y el poder social.

La gobernanza algorítmica de toda la vida social

Las plataformas digitales no reemplazan a otros medios. Reestructuran el sistema comunicacional desplazando parcialmente a la radio, la televisión, el cine, los discos y otros medios con soporte físico. Reorganizan los usos y la explotación del espacio urbano (Airbnb, Uber), la circulación internacional de productos de toda clase (Amazon), la interpelación de los gobernantes y de los poderes empresariales hacia los ciudadanos y consumidores reconvertidos en usuarios individuales, desacoplados entre sí, neutralizando en gran parte sus acciones comunitarias, partidarias o sindicales.

Uber es una empresa global: opera en 933 ciudades de 70 países. Sus apps son multilingües, “tendencialmente babélicas”: “los trabajadores y los consumidores del mundo reciben instrucciones y pueden interactuar con las máquinas en su propio idioma” (Radetich, 2022: 35). En una época en la cual los movimientos sociales venían aumentando la cogestión ciudadana, por ejemplo mediante presupuestos participativos, plataformas como Uber, Didi, Cabify, Airbnb, Rappi escapan de la gestión democrática local. Evitan pagar impuestos en los países donde actúan, aunque usufructúan infraestructuras urbanas y sociales construidas y mantenidas con recursos públicos. Los coches y motos de quienes trabajan para estas plataformas usan las calles, aumentan el parqueo vehicular, el tráfico y la contaminación. Extraen datos y metadatos de los usuarios —opiniones, gustos, tendencias de consumo, fotos, amigos— y los venden a otras empresas. La opacidad de sus algoritmos facilita la relación autoritaria con choferes y usuarios: el valor generado por cada viaje es transferido de inmediato al extranjero. Al comienzo Uber se quedaba con 25% del pago de los viajes, dice Radetich; luego aumentó a una cantidad no informada a los trabajadores, y la estructura empresarial fomenta la dispersión de empleados aislados, así como el desconocimiento entre los usuarios. Como las demás plataformas (Uber organiza la movilidad urbana y Airbnb los servicios de alojamiento locales), evaden el orden jurídico y tributario establecido por los gobernantes de la ciudad y privan a los usuarios de la capacidad de incidir en la programación del servicio, salvo dentro de las opciones preestablecidas en el programa. Este despojo y comercialización de nuestros datos genera desciudadanización. Diluye el poder de intervenir en la vida política e incidir, como individuos y colectivos, en la estructura de la organización social.

El crecimiento del streaming, vendido como un empoderamiento del consumidor (elijo el día y la hora en que voy a ver un concierto o una película) es también el empoderamiento de Netflix (perjudican a las salas de cine). Es, además, el triunfo del consumo individual sobre la reunión comunitaria. Y de la visión discontinua de la obra musical o fílmica (veo media hora, contesto WhatsApp, ceno, hablo con alguien, miro otro fragmento y otro día la completo). ¿No hay aquí una coincidencia llamativa entre el habitus del espectador y la oferta del streaming con la relación espasmódica que el líder mundial impone a los países y a los ciudadanos? Sin olvidar que intervienen diversos actores y lógicas en la cultura y la política, vale la pena indagar si acaso emerge una nueva complicidad.

Hace décadas que las pantallas convergen, pero lo que potencia este proceso es el smartphone. En él desembocan las ofertas de todas las otras: la de la sala de cine, la del televisor, la de los aparatos médicos donde se leen nuestros estudios, las que ofrecen en las Bolsas las cotizaciones de este momento, la de Waze con el trazado de la ciudad y las rutas que recomienda. Esa concentración de informaciones, provistas antes por distintas instituciones —las salas de espectáculos, los hospitales, los organismos gubernamentales que ceden a las plataformas sus datos y decisiones—, llevan a preguntar en qué medida las plataformas actúan ahora como las nuevas instituciones.

Una diferencia decisiva: si las instituciones clásicas estaban motivadas y organizadas por acuerdos que nos agrupaban como ciudadanos en una nación o en organismos sociales estructurados (partidos, movimientos en torno a una causa, como la feminista o la ecologista), el teléfono móvil se dirige al individuo, no a la colectividad ni a la familia. Es verdad que muchos mensajes de las redes son procesados en comunidades, como se descubrió hace medio siglo estudiando la recepción colectiva de los medios masivos. Los grupos de WhatsApp, por ejemplo, facilitan la interacción, pero en otros “servicios” nos conminan a sujetarnos a exigencias institucionales o corporativas que solo pueden cumplirse desde dispositivos digitales. Nos siguen a todas partes con notificaciones para hacernos saber que otros nos buscan, nos mencionan, se ocupan de nosotros “personalmente”, y cuando respondemos solo atiende una máquina. ¿En qué medida nos incluyen real o imaginariamente como sujetos operantes? Es atractiva la hipótesis de Radetich: “como muchos nos sentimos impotentes para modificar nuestro mundo social, la capacidad de modificar lo que aparece y desaparece en el celular nos seduce: algo (al menos algo) responde a nuestro deseo de transformación.”; “hace surgir la ilusión de una posibilidad de elección entre productos digitales que las más de las veces están fuertemente estandarizados; esta pequeña pantalla táctil interactiva da a su usuario la ilusión ideológica de una “libertad de la yema de los dedos.” (Radetich, 2023).

Las tecnologías digitales, a través de Facebook o X, facilitan la comunicación entre las personas. Pero el conjunto del sistema tecnológico no opera con personas sino con perfiles, sobre todo cuando nos trata como virtuales compradores o votantes. Un perfil producido por algoritmos no es un conjunto de personas sino el resultado de correlaciones estadísticamente significativas que lo detectan, en el seno de enormes masas de datos cuantificados. Ese perfil no profundiza en la situación singular de cada sujeto ni en sus relaciones y diferencias con otras personas, salvo en la medida en que puedan ser calculadas por la inteligencia de datos. No es la única que vuelve inteligible las muchas formas de pertenencia a comunidades o relaciones interpersonales.

Las regularidades que facilitan construir perfiles dejan fuera lo que pasa entre las personas en encuentros no programados. Estos imponderables se expresan en modos de simbolizar e interactuar indirectos, oblicuos, donde las formas de estar en común y expresarse se reinventan. Los fracasos en los pronósticos de tantas encuestas preelectorales o mercadotécnicas, las sorpresas ante las victorias de las ultraderechas, delatan este excedente de sentido y esta densidad (Geertz, 2003) de los comportamientos humanos dejada de lado por los algoritmos y los gobernantes que basan sus políticas en perfiles, jerarquías y estereotipos discriminatorios.

La pregunta que sigue es quienes pueden innovar en los vacíos o intersticios que los algoritmos no abarcan. Un modo de ocupar esos huecos es el de los acontecimientos espectaculares de Trump, Milei y Bukele. «Ocurrencias», «caprichos» son los nombres propuestos por analistas políticos. Si parecen arbitrarios quizá es porque los juzgamos desde la lógica institucional de la modernidad. Otra vía es compararlos con la sistematización de datos ofrecida por la organización algorítmica, que promete incluir toda la información pero no construye una narrativa. Los líderes que sobreactúan en la escena pública recurren a los dueños de plataformas para influir en los relatos sociales, no para ordenarlos sino para instalar acontecimientos con apariencia normalizadora: acabaremos con la inseguridad, prometen, expulsando a millones de extranjeros, detendremos a todos los tatuados para eliminar la violencia. La gubernamentabilidad algorítmica no se interesa en producir un conocimiento integrador de las muchas dimensiones de lo social ni normas que la regulen; sobreactúan por reacciones a lo ingobernable.

¿Quiénes pueden oponerse?

La oposición más frecuente es reafirmar la narrativa liberal de abstractos derechos humanos y de la nación democrática moderna construida para un antiguo orden institucional, que para gran parte de la población ha sido corrompido por las viejas fuerzas políticas. Sería posible, en cambio, proponer otra ruta explicativa analizando la complementariedad entre el nuevo totalitarismo de las plataformas (con su pretensión organizadora del caos social) y el totalitarismo del capital financiero sin programas de sociedad como ocurre en la gobernabilidad algorítmica.

Conviene detenerse un momento en el cambio de relaciones de fuerza entre lo que quedaba del antiguo orden democrático regulador y el capitalismo de plataformas instalado en las instituciones del Estado, como dicen Trump y Milei para destruirlo desde adentro. Cuando las manipulaciones electorales de Cambridge Analytica llevaron a su cierre y el Parlamento Europeo aprobó en 2018 un Reglamento General de Protección de Datos, destinado a proteger algunos aspectos de la privacidad personal y exigir a las empresas europeas usos responsables de la información obtenida de usuarios, Marc Zuckerberg prometió “moderar contenidos” y tuvo que presentarse a rendir cuentas ante legisladores del Parlamento británico y del Congreso de Estados Unidos.

Apenas seis años después, a comienzos de 2025, Trump creó en su Gabinete un Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), cuyo ministro es Elon Musk, dueño y director de X, que lidera las noticias falsas en campañas electorales. Marc Zuckerberg abandonó sus promesas de garantizar información confiable. Su empresa Meta —matriz de Facebook, Instagram, Whatsapp y Threads— anunció el fin de su política de verificación de contenidos en sus redes a través de expertos independientes. Los mensajes manipulados o falsos quedan solo disponibles para que la “comunidad” de usuarios los conteste o refute. Es más grave lo que sucederá con Meta porque es usada por unos 3,000 millones de personas en el mundo, más de diez veces que los 250 millones de X. Sabemos que el cuidado en la veracidad de la información se ejercía hasta 2024 especialmente en temas de migrantes, ataques de género y a derechos humanos. No es sólo la esfera privada la que está amenazada, advierte Antoinette Rouvroy, es el espacio público, lo que tenemos en común. “Musk representa una nueva forma de poder libre de los marcos institucionales ordinarios, que se basa en una combinación inédita de recursos: capital financiero, dominio tecnológico, influencia mediática directa (a través de X) y una capacidad única para transformar la contingencia en una ventana estratégica.” (Rouvroy, 2025). Dice contingencia; podríamos decir convulsión, espasmo.

Algunos investigadores y gestores sociales enfocan su atención en ámbitos restringidos. Por ejemplo, las ciudades. Esta focalización en una escala más aprehensible, unida al netactivismo, va más allá de la democracia directa intentada mediante plebiscitos, consultas populares, presupuestos participativos y parlamentos abiertos. Dado que las corporaciones tecnológicas “plataformizan” la vida urbana, como vimos a propósito de Uber y Airbnb, y así compiten con los taxis, las inmobiliarias y hoteles, lo alternativo necesita apoyarse en movimientos locales. De modo semejante a como Amazon rivaliza con los comercios de proximidad y la vida comunitaria, la investigación y el activismo necesitan situarse en lo digital y lo territorial. Es posible apropiarse de los recursos difusos de Internet para promover foros de debate, expansión y visibilidad social de grupos subordinados o excluidos: vecinos no consultados, jóvenes, mujeres y migrantes. Existen movimientos vecinales que circulan videos y escenas capturadas por cámaras de vigilancia, realizan asambleas virtuales y convocan a participar en torno a malestares o iniciativas sin eco en los gobiernos, los partidos ni los medios. Su estética y reglas comunicativas son, en parte, semejantes a las de los medios y las redes: brevedad, simplicidad, potenciar lo compartido. Pero movilizan en busca de una interpelación que persigue lo que en España y otros países europeos se llama lo común y en algunos países latinoamericanos el buen vivir (Blanco y Goma, 2019; Reguillo, 2017; Sierra Caballero, 2019).

Para rehacer el pacto entre otro tipo de instituciones y otros usos de plataformas son necesarias dos condiciones. Una es eludir la inercia de las instituciones o su captura por los hiperagentes digitales. La otra es liberar a los estudios sobre lo digital y lo urbano del encandilamiento por el impacto tecnológico. Cito como ejemplo un valioso panorama internacional, el libro compilado por Jorge Sequera, La ciudad de las plataformas. Transformación digital y reorganización social en el capitalismo urbano, que agrupa formas tan variadas de sumisión tecnológica como las de los cuerpos a través de Grindr/Tinder, los pedidos de comida a Delivery y el acceso a bienes en Amazon, la movilidad usando Uber y la construcción de representaciones e imaginarios urbanos mediante Instagram. Construye clichés, atenuados por cierta ironía, pero que empujan a concebir la vida cotidiana como si todos habitáramos usando Airbnb, consiguiéramos trabajo gracias a LinkedIn, nos conectáramos por Apple, viajáramos todo el tiempo en Uber o Cabify, conversáramos por WhatsApp, imagináramos solo empleando Instagram. Es fácil hacer otra lista ―más extensa― de los comportamientos y representaciones donde hacemos y nos pasan cosas sin esas plataformas.

¿Qué significa elegir en la época de mayor transparencia de los sujetos y de mayor opacidad de las corporaciones?, ¿Qué significa convivir a la vez en espacios materiales compartidos (una ciudad) y en la efímera y discontinua información de decisiones tomadas en la nube? Podrían ser dos preguntas de partida para explorar la posibilidad de rediseñar las plataformas e imaginar nuevas instituciones. Como ciudadanos que formamos parte de comunidades, no como gobernantes que actúan como especuladores astutos en la selva de los automatismos.

Referencias bibliográficas

Blanco, I., & Gomà, R. (2019). Nuevo municipalismo, movimientos urbanos e impactos políticos. Desacatos, 56-69.

García Canclini, N. (2019). Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos avanzados (CALAS). Universidad de Guadalajara. https://bit.ly/3YCbRbV